A- de 2022

Conflicto de jurisdicciones entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

La controversia entre las precitadas autoridades tuvo su origen en un proceso penal tramitado conforme a lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, en el que se investigan hechos ocurridos en el año 2006, relativos a la presunta comisión de los delitos de acto sexual violento y tortura de dos indígenas, en los que se involucra a un teniente y a dos miembros más del Ejército Nacional.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Corte constató que no se satisfizo el primero y, por ello, se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.

Con base en lo anterior se ordenó devolver el expediente a la Fiscalía 189 de la Dirección Especializada Contra Violaciones a los Derechos Humanos.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte aclaró que, de conformidad con lo consagrado en la jurisprudencia constitucional -sentencias C-025/18 y C-080/18- mientras la JEP ejerce las facultades enmarcadas en su competencia global, la Fiscalía debe continuar con las labores de investigación e indagación y hasta el día en que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones.

Así mismo, se solicita a la Sala Definición de Situaciones Jurídicas que comunique el presente auto a los sujetos procesales dentro del trámite penal correspondiente.